La defensa de la vicepresidenta, Cristina Fernández, reclamará que “jueces imparciales” integren la Cámara de Casación, instancia que recibirá la apelación al fallo que condenó a la exmandataria (2007-2015) a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
“Lo único que vamos a reclamar es que la Cámara de Casación esté integrada por un tribunal independiente, por jueces imparciales”, aseveró Carlos Beraldi, uno de los defensores de la vicepresidenta.
El Tribunal Oral Federal 2 publicó este jueves los fundamentos por los cuales condenó a Cristina Fernández en diciembre pasado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Los jueces argumentaron que la expresidenta fue autora de una “fastuosa” defraudación al Estado, gozando de una “intervención fundamental” en las irregularidades en la concesión de obras públicas durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de la vicepresidenta en la provincia sureña de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Desde la publicación de los fundamentos, la defensa dispone de diez días hábiles, como mínimo, para presentar sus apelaciones ante la Cámara Federal de Casación Penal, instancia superior al Tribunal Oral Federal 2, que se encarga de revisar el error o la aplicación del derecho en una determinada condena.
El defensor de la vicepresidenta aseguró que interpondrá una recusación contra los tres magistrados de la Sala IV de la Cámara de Casación (Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo) por considerar que no son imparciales.
Respecto a los fundamentos de la sentencia, Beraldi tachó de “ridículos” los argumentos del Tribunal Oral Federal 2, al tiempo que subrayó que “no hay ninguna duda de que Cristina debe ser absuelta, porque es inocente y los jueces lo saben”. “Vamos a volver a rechazar y demostrar, punto por punto, no solo que el fallo es ridículo, sino que todo el proceso fue ridículo, que todo lo que vimos en esa acusación rimbombante y teatral también fue ridículo”, sentenció el letrado.
Tras conocer el fallo, la vicepresidenta reiteró que el objetivo del mismo es la “proscripción” política, a falta de siete meses para las elecciones presidenciales.
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